El 10 de agosto, un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar (Chocó) sacudió el occidente de Colombia. Dos meses después, el balance oficial hablaba de 335 personas fallecidas, más de 4.500 heridas, 103 desaparecidas y casi 490.000 afectadas en 16 departamentos. A finales de octubre, el Gobierno contaba 51.778 viviendas destruidas y estimaba la reconstrucción en 54 billones de pesos.
Esas cifras van a ordenar la conversación de los próximos años: decretos, fondos, licitaciones, viviendas entregadas. Pero hay otra historia que no aparece en ellas, y es la de lo que hizo la gente en las primeras horas y semanas. Conviene contarla ahora, no por homenaje, sino porque de lo que pase con esa energía depende buena parte de que la reconstrucción funcione.
Lo que surgió sin que nadie lo ordenara
Comida. Las ollas comunitarias empezaron el mismo día del sismo y un mes después seguían encendidas en Cali, Quibdó y Pereira. Las sostienen vecinos, líderes comunitarios, comedores populares, colectivos y personas damnificadas que cocinan para otras, con aportes de su bolsillo y compras en mercados locales. En Pereira, Casa Abierta llegó a servir más de mil raciones diarias. En Chocó, según la Red de Derechos Humanos del Pacífico, las comunidades se organizaron para alimentar a los damnificados.
Información. Mapa de Emergencia permitía a cualquier persona publicar un punto de acopio, y a quien estuviera allí confirmarlo o corregirlo; si en seis horas nadie lo corroboraba, se borraba. A los cuatro días tenía 696 puntos. Es una regla sencilla de verificación, pensada en plena crisis, que muchos sistemas formales no tienen. Colombia Te Busca, por su parte, recogió reportes de personas desaparecidas.
Escucha. Una red de 183 psicólogos de cinco países ofreció terapia virtual gratuita, y una universidad reportó más de 900 profesionales movilizados. En Cali, Noís Radio, que suele grabar los sonidos de la ciudad, convocó a sonidistas para intentar escuchar a personas atrapadas bajo los escombros.
Orientación. Hilos en redes explicaron qué pólizas, seguros y cláusulas de créditos podía activar quien había perdido su casa o a un familiar, información que en ese momento pocas personas sabían dónde buscar.
Logística y dinero. Afroudea, en la Universidad de Antioquia, convirtió su oficina en un punto de recepción para el Chocó. Conductores prestaron sus camiones. Una campaña en Vaki para San José del Palmar pasó de una meta de 30 millones de pesos a 144 en pocos días. Veintiocho galerías vendieron arte y recaudaron más de 500 millones. Y Empresas Unidas por Colombia, convocada por la ANDI, reunía a comienzos de septiembre unos 218.000 millones de pesos.
No todo funcionó ni todo está comprobado: gran parte de estas cifras vienen de las propias iniciativas, y el trabajo descansó en personas sin remuneración y con poco reconocimiento. El albergue del parque Olaya Herrera, en Pereira, con capacidad para 120 personas, llegó a reunir a más de 3.000. La solidaridad no reemplaza lo que le corresponde al Estado. Pero mostró capacidades que ya existían en los territorios.
Quienes contaron lo que el censo no contaba
Lo más revelador pasó con los datos. A una semana y media del sismo, según Mongabay Latam, el censo oficial no desglosaba la información por pueblo étnico, en un departamento donde la mayor parte de la población es afrodescendiente o indígena. Las organizaciones lo hicieron por su cuenta. La ONIC cruzó el mapa de intensidad sísmica con su propio registro de asentamientos e identificó 1.009 comunidades expuestas a sacudidas fuertes. La Mesa Permanente de Diálogo de los Pueblos Indígenas del Chocó verificó daños en comunidades remotas. Acadesan, que agrupa consejos comunitarios del San Juan, documentó afectaciones en 72 comunidades, con escasez de recursos y hasta de gasolina. El Consejo Regional Indígena de Risaralda reportaba que 17 de sus 19 resguardos seguían sin ayuda una semana después.
La Defensoría del Pueblo pidió censos diferenciados y, en octubre, que se reabriera el registro porque persisten barreras para acceder a la ayuda. La lección es incómoda: quien no aparece en el registro no existe para la reconstrucción, y a menudo quien mejor sabe qué falta es quien tiene menos medios para demostrarlo.
Hay otros vacíos. UNICEF cuenta más de 4.268 sedes educativas afectadas y alerta por el aumento de los riesgos de violencia y explotación contra niños y niñas; con el ICBF trabaja para habilitar espacios protectores móviles. Sobre la situación de las mujeres en los albergues no hemos encontrado datos públicos consistentes, y esa ausencia también dice algo.
Lo que ya aprendimos en 1999
Colombia tiene un antecedente que hoy se cita mucho. Tras el terremoto del Eje Cafetero se creó el FOREC, con 43 gerencias zonales a cargo de fundaciones, cámaras de comercio, universidades y cajas de compensación. Su balance material fue notable: más de 90.000 viviendas reconstruidas.
El balance social es más discutido. Un análisis reciente del Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana Cali recoge las investigaciones que muestran que la participación funcionó más para legitimar decisiones ya tomadas que para influir en ellas, y que algunas organizaciones actuaron más como delegadas del Estado que como voz de las comunidades. Ese mismo texto señala que los decretos de 2026 ordenan bien los recursos y la coordinación, pero no prevén cómo participarán las comunidades. Su advertencia merece repetirse: la reconstrucción material sin reconstrucción del tejido social «es un edificio sin cimientos».
Lo que se ha contado hasta ahora del plan del Gobierno habla de vivienda, suelo y licencias. De cómo entrarán en esas decisiones quienes cocinaron, contaron y verificaron se ha dicho mucho menos.
Otros países ofrecen pistas. Tras los sismos de México en 2017, más de 80 organizaciones crearon Epicentro, una plataforma cívica para hacer seguimiento a los recursos públicos y privados de la reconstrucción. En Nepal, una evaluación de la Universidad de Coventry sobre el programa de reconstrucción liderada por la comunidad de ActionAid encontró que las comunidades que trabajaban juntas lograban mejor calidad, y que las mujeres ganaban influencia en el proceso.
Qué puede hacer cada quien
Si eres una organización o un colectivo que estuvo en la respuesta, registra ahora lo que hiciste. Quiénes participaron, qué funcionó, qué decisiones tomaron y por qué, a quién llegaron y a quién no. Los grupos de WhatsApp se pierden y las personas se cansan: en unos meses esa memoria será mucho más difícil de recuperar. Y es tu mejor argumento para sentarte en la mesa donde se decida la reconstrucción. Una sistematización sencilla basta para empezar.
Si eres una empresa o una fundación que donó, la pregunta que sigue no es cuánto dar, sino a quién y cómo. Lo que ya funciona en el territorio suele necesitar lo que un donativo puntual no da: recursos flexibles durante más tiempo, gasolina, conectividad, alguien que lleve las cuentas. Pregunta antes de diseñar, y cuenta también a quién no llegaste.
Si financias o ejecutas la reconstrucción, mide algo más que las viviendas entregadas. Los datos que levantaron las organizaciones étnicas y comunitarias pueden complementar los registros oficiales, si se reconocen como información válida y no como anécdota. Y rinde cuentas a la comunidad, no solo al financiador.
La reconstrucción durará años, y la atención pública bajará mucho antes. Lo que la gente hizo en esas primeras semanas no fue un paréntesis conmovedor: fue información sobre cómo funcionan de verdad estos territorios. Sería una pena tener que aprenderlo otra vez dentro de veinte años.
